Una oficina de servicios públicos para consumidores de Georgia que fue víctima de los recortes presupuestarios estatales de la era de la Gran Recesión en 2008 está recibiendo otro impulso este año por parte de un grupo bipartidista de legisladores de Georgia para restablecer un defensor independiente para los propietarios de viviendas y pequeñas empresas en casos de tarifas de servicios públicos. 

El Comité de Reglas del Senado podría decidir en los próximos días si el Proyecto de Ley 94 del Senado avanza ante la cámara en pleno para una votación para formar una Oficina de Asesoramiento de Servicios Públicos para Consumidores que participaría en los procedimientos de servicios públicos ante la Comisión de Servicio Público de Georgia y otras agencias. 

La nueva oficina de defensa del consumidor de servicios públicos de Georgia operaría bajo la oficina del Fiscal General de Georgia y restablecería el antiguo Consejo de Consumidores de Servicios Públicos que fue abolido en los recortes presupuestarios estatales ordenados por el gobernador Sonny Perdue durante la caída libre económica de 2008.   

La PSC, integrada por cinco miembros, regula Georgia Power y otras empresas de servicios públicos que proporcionan electricidad, gas natural y servicios de telecomunicaciones. La comisión tiene autoridad limitada sobre las más de 90 cooperativas eléctricas y empresas municipales de gas y electricidad ubicadas en todo Georgia.

El senador Chuck Hufstetler, un republicano de Roma que patrocina el proyecto de ley, dijo que se estima que costaría menos de un millón de dólares restablecer el personal de servicios públicos al consumidor, lo que, según él, es un pequeño precio a pagar para que el estado proporcione recursos legales y financieros para proteger a los consumidores en cuestiones de costos de servicios públicos. 

El presupuesto se utilizaría para contratar a un director y a otro personal y remunerar a los consultores y otros expertos en cuestiones de servicios públicos. La legislación propone facultar al director para iniciar procedimientos relacionados con los servicios públicos ante agencias estatales y federales y representar a los consumidores en causas judiciales.

El director estaría autorizado a tomar declaraciones y obtener otras pruebas en procedimientos de servicios públicos que no se consideren información confidencial.

El proyecto de ley bipartidista, firmado por dos docenas de senadores, avanzó la semana pasada a través del Comité de Industrias Reguladas y Servicios Públicos del Senado después de que el presidente Bill Cowsert, un republicano de Athens, emitiera el voto decisivo de 6 a 5 en la reunión del 11 de febrero.  

El senador Carden Summers, un republicano de Cordele que forma parte del comité, dijo que estaba preocupado por el costo y si la propuesta ayudaría a aliviar la carga de los contribuyentes.

“Este comité de supervisión tampoco sería un comité electo como la Comisión de Servicio Público y, por lo tanto, carecería de autoridad real sobre la Comisión de Servicio Público”, escribió Summers en una columna a sus electores en su país.

Hufstetler argumentó que tener a alguien que represente a los consumidores ha demostrado ser eficaz en otros estados. 

"Creo que el costo es una especie de pista falsa cuando se habla de los miles de millones de dólares que hay en juego. Creo que es un costo muy pequeño tener a alguien que represente a los consumidores", dijo Hufstetler la semana pasada. 

Varios legisladores de Georgia, grupos de energía limpia y de defensa del consumidor han expresado su preocupación por la aprobación por parte de PSC de los repetidos aumentos en las facturas de servicios públicos de Georgia Power debido al aumento de las tarifas base de electricidad, los costos excesivos asociados con la construcción de dos nuevas unidades de la planta de energía nuclear de Vogtle, la limpieza de cenizas de carbón y otros gastos.

En total, el hogar promedio de Georgia Power está pagando alrededor de $43 más por mes en sus facturas de servicios públicos desde principios de 2020. 

La comisión reguladora estatal resolverá este año un par de casos importantes que afectarán los bolsillos de los contribuyentes de Georgia Power, así como la combinación de combustibles fósiles y fuentes de energía renovables que la empresa utilizará para generar electricidad durante los próximos años. 

La PSC está supervisando el plan a largo plazo de Georgia Power, oficialmente llamado Plan de Recursos Integrados 2025, que determina cómo la empresa de servicios públicos más grande del estado gastará miles de millones de dólares para satisfacer su creciente demanda de energía, principalmente debido al crecimiento proyectado de grandes centros de datos que respaldan la inteligencia artificial. 

Georgia Power también tiene previsto presentar una nueva solicitud de tarifas trienales a finales de este año que determinará las tarifas eléctricas base para clientes residenciales, comerciales e industriales. 

Durante los procedimientos de la PSC, organizaciones ambientales, organizaciones sin fines de lucro de protección al consumidor, fabricantes y otros grupos realizan testimonios de expertos y contrainterrogatorios de testigos. 

Tom Bond, director de servicios públicos de la PSC, dijo que es importante que el nuevo personal de servicios públicos para el consumidor sea independiente del personal de defensa del interés público de la PSC, que evalúa los casos de servicios públicos y hace recomendaciones para grupos residenciales, comerciales pequeños e industriales. 

“Una de las razones por las que los comisionados no creen que esto sea necesario es porque, como parte de su trabajo, ya están escuchando a los empleados”, dijo Bond. “Están escuchando a la empresa. En un caso de tarifas, normalmente escuchan a unos 20 intervinientes que también tienen derecho a presentar testigos y a interrogar a los acusados”.

Poner la oficina del abogado bajo el control del Procurador General evita la duplicación de recursos y permite que el abogado de Georgia se convierta en miembro de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor de Servicios Públicos Estatales, según Bond.

“Todos los que en la comisión comprenden la planificación integrada de recursos ya están trabajando a tiempo completo en ese IRP”, dijo. “Cuando lleguemos al caso de tarifas, vamos a trabajar a tiempo completo en eso. Tenemos un presupuesto externo máximo de aproximadamente $800,000 para cada uno de esos casos, y estamos gastando hasta el máximo de ese monto”.

Bob Sherrier, abogado del Southern Environmental Law Center, dijo que contar con un defensor del consumidor dedicado del gobierno estatal sería una adición bienvenida a los expedientes de la Comisión de Servicio Público, especialmente porque el personal de defensa pública de la PSC representa grupos de intereses más amplios que los consumidores.

El nuevo asesor brindaría un respaldo más fuerte a los clientes de Georgia Power que luchan por pagar sus facturas después de enfrentar seis aumentos de tarifas en los últimos años, dijo Sherrier.