En nuestra experiencia internacional, como asesora y conferencista en temas de transición energética y sostenibilidad desde Europa hasta países hermanos americanos, como Colombia y México, es notable como República Dominicana, en los últimos años ha reafirmado su posición como un actor clave en el escenario latinoamericano. Este liderazgo se basa en la visión público-privada, que apuesta por la innovación en financiamiento y tecnología, gobernanza transparente y el fortalecimiento de la resiliencia.  
 
Si bien es cierto que la matriz que alimenta nuestro Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), es aún dependiente en mayor parte de combustibles fósiles y admite mejoras tecnológicas, sobre todo, en la inversión en el subsector transmisión; también certero es afirmar que nos encontramos en franca transformación, entre lo que el ilustre autor checo, Vaclav Smil, denomina la segunda y tercera fase de la transición energética. 
 
Al cierre de febrero de 2025, la República Dominicana cuenta con aproximadamente 1,396 megavatios (MW) de capacidad instalada en energías renovables, lo que representa cerca del 22–25% de la energía producida del total del SENI. Efectivamente, nuestro país transita entre la segunda y tercera fase del modelo de transición energética de Smil. Aunque el 78-75% de su matriz sigue siendo fósil, el país se afianza cada día más, en el gas natural como combustible de transición y procura duplicar su capacidad renovable en menos de cinco años, con nuevos proyectos que completarán el 25% de la energía generada al cierre del 2025, como bien han resaltado las autoridades del sector durante este último trimestre.
 
Esta aceleración responde tanto a compromisos internacionales como a una creciente conciencia nacional sobre la seguridad energética y los impactos del cambio climático pero también a una voluntad férrea de la actual administración con el cumplimiento de lo establecido en la regulación vigente en la materia. 
 
El desafío estructural radica en la modernización del sub sector de distribución, la reducción del fraude en este sector, que implica pérdidas financieras, que superan el 30% en algunas localidades, y la necesidad de continuar apostando a una gobernanza más dinámica, menos burocrática en el sector.
 
El marco legal relativo al incremento de renovables y eficiencia energética, compuesto principalmente por la Ley 57-07, el Pacto Eléctrico y la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), ha sido complementado con instrumentos innovadores como la Taxonomía Verde, la guía para emisión de bonos temáticos, y la emisión inaugural de bonos verdes soberanos por US$750 millones.
 
República Dominicana continua su sólido camino de transicionar a un modelo energético más moderno, eficiente y resiliente, aprendiendo de las experiencias de etapas anteriores, y países hermanos, como Chile y Colombia, sin perder de vista su realidad insular y dependencias logísticas. Asumiendo lecciones aprendidas como la del vecino país, Puerto Rico. 
 
El modelo chileno, por ejemplo, destaca por su institucionalidad técnica. En contraste, Colombia enfrenta retos similares a los dominicanos, como la necesidad de acelerar la capacidad técnica local y sortear tensiones sociales, como las relativas a las autorizaciones ambientales y los procesos de vistas públicas, realidad que también se encuentra en la actualidad en el mercado español, sobre todo cuando se trata de desarrollo de energía eólica.

 
Estas referencias señalan la importancia de tres factores clave: planificación de largo plazo, alianzas público-privadas estratégicas y diversificación de fuentes. Como bien indica la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: ¨sin dejar a nadie atrás¨, los usuarios, agentes del mercado eléctrico así como los tomadores de decisiones, deben beneficiarse de incremento de capacidades, de sensibilización y campañas informativas que sumen voluntades para las próximas fases de transición energética que nos esperan. 
 
Para República Dominicana, el aprovechamiento de su radiación solar completando esta variabilidad en energía gestionable incorporando sistemas de almacenamiento de energía, su potencial eólico en zonas costeras y su disponibilidad de biomasa representan ventajas competitivas aún poco explotadas.

 
El lanzamiento de la Comisión Interinstitucional de Bonos Temáticos y la emisión de bonos soberanos vinculados a proyectos verdes representa un punto de inflexión para la política fiscal y energética nacional. El reto inmediato es operacionalizar el seguimiento y reporte de impacto con estándares internacionales, vinculando las emisiones futuras a metas del Plan Energético Nacional 2022–2036 y las NDCs. Este enfoque debe ir acompañado de asistencia técnica, fortalecimiento institucional y gobernanza ambiental para garantizar la credibilidad del país ante inversionistas y organizaciones multilaterales.
 
¨Last but not least¨, como dicen los angloparlantes, y precisamente me refiero al caso EEUU, con el nuevo panorama político internacional, marcado por el retorno de políticas proteccionistas y el resurgimiento del apetito por combustibles fósiles, plantea riesgos para las economías dependientes del financiamiento y la tecnología externa. 
 
La actual gestión de D. Trump, podría ralentizar el acceso a equipos, inversiones y cooperación técnica en tecnologías limpias. Frente a esto, República Dominicana debe reforzar su resiliencia mediante la producción local de soluciones, el desarrollo de talento técnico nacional y la regionalización de alianzas con países del Caribe, América Central y socios europeos. 
 
Las recientes colaboraciones con IRENA y OLADE deben traducirse en asistencia para almacenamiento energético, digitalización de redes, formación profesional y economía del hidrógeno.
 
Sin embargo, esta coyuntura también representa una oportunidad estratégica. Apostar por una matriz energética más diversificada y limpia no solo reduce la exposición a choques externos y volatilidad cambiaria, sino que fortalece la autonomía tecnológica y la soberanía energética del país. Además, en un escenario donde los flujos financieros internacionales se orientan crecientemente hacia inversiones sostenibles, consolidar una cartera robusta de proyectos verdes puede posicionar a República Dominicana como un destino confiable para capital climático.
 
Más allá de los megavatios instalados, la transición energética debe medirse por su capacidad de generar bienestar, resiliencia y justicia energética para todos los dominicanos. En tiempos de crisis global, la seguridad energética no es un lujo, es una estrategia de continuidad de negocios y de posicionamiento país. 
 
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